El juez federal del Distrito de Columbia, James E. Boasberg, determinó que existen fundamentos para declarar en desacato criminal a la Administración del presidente Donald Trump por ignorar una orden judicial que prohibía la deportación de más de 200 migrantes hacia una megacárcel en El Salvador.
En un documento de 40 páginas, el magistrado señaló que el Gobierno actuó con “completo menosprecio” al fallo judicial y subrayó: “La Constitución no tolera la desobediencia intencional de las órdenes judiciales, especialmente por parte de funcionarios que han jurado respetarla”. Boasberg advirtió que permitir que el Ejecutivo ignore resoluciones judiciales convertiría la Constitución en una “burla”.
El conflicto surgió después de que Trump invocara la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a los migrantes –en su mayoría venezolanos–, acusándolos sin pruebas de vínculos con grupos criminales. A pesar de que el juez ordenó el retorno de dos aviones con deportados, las autoridades hicieron caso omiso, lo que llevó al mandatario a sugerir incluso un juicio político contra Boasberg.
Organizaciones defensoras de derechos humanos, como Human Rights Watch, han denunciado que estas deportaciones equivalen a “desapariciones forzadas”, mientras que investigaciones periodísticas revelan que la mayoría de los deportados no tenían antecedentes penales.
El acuerdo entre EE.UU. y El Salvador –que incluyó un pago de seis millones de dólares por la recepción de los migrantes– ha sido criticado internacionalmente debido a las pésimas condiciones del centro penitenciario y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos documentadas en él.
El fallo del juez Boasberg reabre el debate sobre los límites del poder ejecutivo y el respeto al Estado de derecho en materia migratoria.
