Un total de 4.919 personas han sido detenidas en Venezuela durante los primeros meses de 2026, según informó este martes el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Douglas Rico, en una nota publicada por el Ministerio de Interior, aunque sin precisar los delitos imputados a los arrestados.
A través de su canal de Telegram, la cartera de Estado detalló que, además de las detenciones, en lo que va de año se han incautado 483 armas de fuego y 2.385 municiones. Asimismo, las autoridades han logrado recuperar 1.128 vehículos y 1.227 dispositivos móviles.
Rico instó a la ciudadanía a no interferir en las “acciones policiales legítimas” y exigió a los funcionarios un “trato digno y profesional hacia la población”. “Debemos garantizar que la Policía respete al pueblo y que el ciudadano confíe en sus instituciones, permitiendo que el proceso de justicia fluya sin contratiempos”, subrayó el jefe policial, quien también pidió a los venezolanos acudir a la delegación del CICPC más cercana ante “cualquier irregularidad”.
Contexto de seguridad y denuncias de ONG
En enero pasado, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró ante el Parlamento que el país registró una tasa de tres homicidios por cada 100.000 habitantes durante 2025, un indicador inferior a los 4,1 de 2024. En noviembre de 2025, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, solicitó la instalación de cámaras en la “mayor cantidad” posible del territorio nacional para prevenir delitos y emergencias.
Sin embargo, organizaciones no gubernamentales han expresado preocupación por presuntos abusos. Provea, por ejemplo, ha denunciado “la revisión ilegal de celulares” por parte de “policías y militares”, una práctica que, según la ONG, se ha “convertido en un abuso común”. “No es normal tener que borrar mensajes, fotos, redes o cualquier contenido por miedo a que sea ‘subversivo'”, señaló la organización.
En marzo pasado, la ONG VE Sin Filtro denunció en un informe que el Gobierno de Venezuela utiliza su sistema tecnológico de seguridad ciudadana como una herramienta de control político, lo que añade capas de controversia al panorama de seguridad y derechos humanos en el país.
