En una decisión que ha suscitado gran controversia, el gobierno estadounidense ha revocado sin aviso previo la licencia que permitía a Venezuela financiar la defensa legal del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores. La medida ha levantado serias inquietudes respecto a la violación de derechos fundamentales, en particular la Sexta Enmienda de la Constitución, que asegura el derecho a un juicio justo y a la defensa legal.
El abogado Barry J. Pollack, quien representa a Maduro, presentó el jueves un memorial de derecho ante el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York, en el que argumenta que la interferencia por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU. amenaza no solo la capacidad de Maduro para contratar representación legal, sino también la validez de cualquier eventual veredicto en su contra. “Si esta interferencia persiste, los abogados no podrán seguir en el caso y el gobierno de Estados Unidos podría verse obligado a asumir los costos legales, lo que plantea dudas constitucionales sobre el juicio,” advirtió Pollack.
La defensa apunta que la legislación venezolana establece claramente que es obligación del Estado financiar la defensa legal de su presidente, y Maduro ha declarado bajo juramento no poseer recursos personales para tal fin. Este derecho al financiamiento es, según jurisprudencia federal establecida, un derecho de propiedad legalmente protegido.
Además, la defensa señala la contradicción en las acciones del gobierno estadounidense. Mientras la OFAC mantiene bloqueado el financiamiento para la defensa de Maduro, ha autorizado al menos seis licencias generales para transacciones comerciales y petroleras con Venezuela, lo que añade un matiz de complejidad a la situación.
La controversia se intensificó después de una operación militar estadounidense en territorio venezolano el 3 de enero de 2026, que resultó en más de 100 muertos, según informes oficiales. Desde su detención el 5 de enero, Maduro y Flores han estado recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, a la espera de juicio, en condiciones que su defensa considera inconstitucionales.
La situación plantea interrogantes sobre el respeto a los derechos humanos y las garantías de un juicio justo dentro del sistema legal estadounidense. La defensa de Maduro insiste en que la revocación de la licencia por parte de Washington no solo atenta contra su derecho a una defensa adecuada, sino que también socava los principios fundamentales de justicia en el país.
