En el marco de la primera conmemoración del Día Internacional contra las Medidas Coercitivas Unilaterales, Venezuela, a través de su representante permanente ante la ONU, Samuel Moncada, encabezó una firme denuncia contra el uso de las sanciones como instrumento de presión política, catalogándolas de “armas de guerra económica”.
Hablando en nombre del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas, Moncada alertó que más de un tercio de la humanidad, distribuida en más de 76 países, ve su derecho al desarrollo “estrangulado” por lo que describió como una “campaña de máxima crueldad calculada”. Subrayó que estas prácticas constituyen un “ataque sistemático” a las aspiraciones de progreso de las naciones.
El diplomático venezolano vinculó la fecha de la conmemoración, el 4 de diciembre, con el aniversario de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, señalando que las medidas coercitivas unilaterales representan el mayor obstáculo para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 y los planes nacionales. “Ninguna justificación política o ideológica puede legitimar estas acciones”, afirmó, al destacar que paralizan el potencial productivo al bloquear el acceso a financiación, tecnología, medicamentos y alimentos.
Moncada también descalificó las “exenciones humanitarias” que a menudo acompañan estos regímenes de sanciones, tildándolas de “crueles ilusiones” ineficaces y ficticias, una postura que, según dijo, ha sido confirmada por expertos de las Naciones Unidas.
Ante la magnitud del desafío, el representante venezolano realizó un llamado formal al secretario general de la ONU, António Guterres, para que designe un asesor especial dedicado específicamente al tema de las medidas coercitivas unilaterales. Argumentó que se requiere un punto focal de alto nivel para evaluar su impacto devastador, documentar sus efectos y coordinar respuestas coherentes en todo el sistema de la organización.
La intervención de Venezuela refuerza su campaña diplomática contra las sanciones internacionales que enfrenta, al tiempo que busca articular un frente amplio de países que perciben estas medidas como una violación del derecho internacional y un impedimento para el desarrollo.
