El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela expresó este viernes su rechazo formal al congelamiento indefinido de activos de la Federación Rusa en Europa, medida aprobada por la Unión Europea (UE) para financiar un préstamo destinado a Ucrania. La posición oficial fue fijada por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, quien calificó la decisión como una violación a principios fundamentales del Derecho Internacional.
En un comunicado emitido desde Caracas, Rodríguez advirtió que el bloqueo de aproximadamente 210.000 millones de euros en activos rusos —aprobado por la UE para respaldar necesidades militares y financieras de Kiev— “violenta el Derecho Internacional, atenta contra la seguridad jurídica de inversiones y socava iniciativas de paz en la región”. La medida elimina el mecanismo de renovación semestral de sanciones, estableciendo un congelamiento indefinido.
“Estas acciones ilícitas se inscriben en la arremetida del norte global contra los que suscribimos un nuevo mundo de legalidad contra el robo, la piratería, la expoliación y el saqueo”, afirmó la vicepresidenta. Subrayó además que el congelamiento de activos estatales no solo afecta a Rusia, sino que debilita la confianza en las normas que rigen las inversiones internacionales y complica los esfuerzos diplomáticos para una solución negociada al conflicto en Europa oriental.
El Ejecutivo venezolano alertó que decisiones de este tipo sientan “precedentes peligrosos” en el sistema financiero internacional y afectan la estabilidad global. “Estas decisiones socavan iniciativas de paz y afectan la estabilidad del sistema internacional”, sostuvo Rodríguez.
La postura de Venezuela se alinea con la de Rusia, que ya había denunciado la medida europea como ilegal. El anuncio se produce en un contexto de continuas negociaciones diplomáticas sobre un posible acuerdo de paz, mientras medios internacionales reportan propuestas que contemplan la adhesión de Ucrania a la UE en 2027, en un escenario geopolítico aún tensionado por sanciones cruzadas.
Con esta declaración, Venezuela reitera su oposición a lo que considera “arbitrariedades” del bloque occidental y aboga por un orden internacional basado en el respeto a la soberanía y la legalidad.