Un grupo de migrantes venezolanos, deportados previamente por Estados Unidos y posteriormente recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, denunció este viernes haber sido víctimas de tortura sistemática, abusos sexuales, tratos degradantes y desaparición forzada durante su confinamiento.
Los afectados, quienes participaron en una jornada para evaluar acciones legales por la violación de sus derechos humanos, relataron ante la defensora de derechos humanos Camilla Fabri y otros acompañantes, los vejámenes sufridos. Según su testimonio, fueron sometidos a golpizas constantes, torturas, abusos psicológicos, falta de atención médica y condiciones degradantes que han dejado secuelas físicas y emocionales profundas, como estrés postraumático, ansiedad y problemas de salud persistentes.
“Nos catalogaron injustamente como terroristas”, afirmó uno de los afectados, explicando que esta estigmatización les ha generado graves dificultades para reintegrarse a la vida social y laboral, incluso después de recuperar la libertad.
El grupo hizo un llamado urgente a la justicia internacional y solicitó el acompañamiento de organismos defensores de derechos humanos para que estos hechos no queden en la impunidad. Asimismo, exigieron que se cumpla la orden del juez federal estadounidense James Boasberg, quien recientemente ordenó al gobierno de EE.UU. presentar en las próximas dos semanas un plan para su posible retorno a territorio norteamerico o, en su defecto, para garantizarles el debido proceso legal que originalmente les fue negado.
Durante la denuncia, los venezolanos reiteraron que “la migración no debe ser criminalizada” y debe abordarse con pleno respeto a la dignidad y los derechos humanos. También expresaron su solidaridad con otros migrantes venezolanos que, según dijeron, continúan siendo víctimas de prácticas abusivas por parte del gobierno estadounidense, y pidieron que se respeten sus derechos y los protocolos internacionales en cualquier proceso de deportación.
Los migrantes agradecieron las gestiones realizadas por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, las cuales permitieron su liberación, su retorno a Venezuela y el ansiado reencuentro con sus familias.
Este caso pone en evidencia los graves riesgos y violaciones a los derechos humanos que pueden enfrentar los migrantes en procesos de deportación y detención en terceros países, y subraya la necesidad de una supervisión internacional rigurosa de estos procedimientos.
