Ecologistas denuncian que la medida amenaza ecosistemas únicos, mientras el gobierno defiende su impacto económico para territorios como Samoa Americana.
El presidente Donald Trump firmó este jueves una orden ejecutiva que elimina las restricciones a la pesca comercial en el Monumento Nacional Marino del Patrimonio de las Islas del Pacífico, una de las mayores reservas oceánicas del mundo creada en 2009 por George W. Bush y ampliada por Barack Obama en 2014. La decisión, celebrada por pescadores y republicanos pero condenada por científicos y ambientalistas, marca un nuevo capítulo en la política de desregulación ambiental de su gobierno.
“EE.UU. debe dominar la industria del pescado”
Desde el Despacho Oval, Trump justificó la medida como un paso para convertir a Estados Unidos en el “líder mundial dominante en productos del mar”. Criticó a sus predecesores por restringir el acceso a “tierras fértiles” y obligar a los pescadores de territorios como Samoa Americana a viajar “4 a 7 días” hacia zonas menos productivas.
Acompañado por la delegada republicana de Samoa Americana, Aumua Amata Radewagen —quien en enero pidió la reapertura pesquera—, el presidente aseguró que leyes como la de Especies en Peligro garantizarán la protección ambiental. “Es una proclamación sensata”, afirmó Radewagen, destacando su impacto en la economía local, dependiente del atún.
Alerta científica y amenaza de demanda
Organizaciones ambientalistas rechazaron el argumento gubernamental. Maxx Phillips, del Centro para la Diversidad Biológica, calificó la medida como “un regalo a las flotas industriales y una bofetada a la ciencia”. Señalaron que el monumento —con 1.3 millones de km² de arrecifes, montes submarinos y especies en peligro como tortugas y ballenas— perderá su frágil equilibrio.
Expertos legales anticipan una batalla judicial. “Las protecciones actuales son insuficientes sin la designación de reserva integral”, advirtió Miriam Goldstein, oceanógrafa del Center for American Progress. Grupos como Earthjustice ya preparan demandas para frenar la orden.
Contexto político y económico
La orden de Trump incluye una revisión de todos los monumentos marinos nacionales para evaluar nuevas aperturas a la pesca, en línea con su agenda de flexibilización ambiental. Sectores pesqueros celebran la medida, pero críticos la vinculan a presiones de la industria: en 2019, lobistas pesqueros donaron $1.5 millones a campañas republicanas, según datos de OpenSecrets.
Mientras republicanos como Bruce Westerman (presidente del Comité de Recursos Naturales) hablan de una “oportunidad monumental”, la comunidad científica recuerda que el 90% de las poblaciones de peces del mundo están sobreexplotadas. “Este es un paso atrás en la conservación global”, sentenció Phillips.
Fuente: NYT