Una resolución bipartidista que buscaba obligar al presidente a obtener autorización del Congreso para hostilidades “dentro o contra Venezuela” fue derrotada por 51 votos contra 49.
El Senado de los Estados Unidos rechazó este jueves una resolución bipartidista que tenía como objetivo limitar la capacidad del presidente Donald Trump para iniciar operaciones militares contra Venezuela sin la autorización expresa del Congreso. La medida, que necesitaba mayoría simple, fue derrotada por un ajustado margen de 51 votos en contra y 49 a favor, quedando a solo dos votos de ser aprobada.
La Resolución de Poderes de Guerra, presentada por el senador demócrata Tim Kaine el pasado 16 de octubre, buscaba obligar al mandatario a retirar a las Fuerzas Armadas estadounidenses de cualquier hostilidad “dentro o contra Venezuela”, a menos que el Congreso emitiera una declaración de guerra formal o una Autorización para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF, por sus siglas en inglés).
El senador Kaine, miembro de los comités de Relaciones Exteriores y Servicios Armados, argumentó durante el debate que las operaciones encubiertas y los ataques aéreos ya en curso podrían escalar peligrosamente hacia una intervención terrestre sin la supervisión legislativa requerida. Hizo referencia a los 16 ataques contra supuestas “narcolanchas” en el Caribe y el Pacífico desde el 2 de septiembre, que han resultado en al menos 67 personas asesinadas.
“Si la Administración considera necesaria una acción militar, debe someter una AUMF a debate y votación, en lugar de actuar unilateralmente”, afirmó Kaine, subrayando que el Congreso no debe ceder su autoridad constitucional en materia de guerra al Poder Ejecutivo.
El respaldo a la resolución fue mayoritariamente demócrata, con el apoyo de solo dos senadores republicanos: Rand Paul y Lisa Murkowski. La falta de un respaldo bipartidista más amplio resultó crucial para su rechazo. Este voto se produce después de que varios legisladores consideraran insuficientes las justificaciones legales presentadas por la Administración Trump en una reunión informativa cerrada.
Al respecto, el senador Mark Warner, principal demócrata del Comité de Inteligencia, señaló que la opinión legal de la Casa Blanca “ni siquiera mencionaba a Venezuela”.
La resolución se enmarcaba en la Ley de Poderes de Guerra de 1973, que exige a los presidentes informar al Congreso dentro de las 48 horas de desplegar fuerzas en hostilidades y cesar las operaciones a los 60 días si no media una autorización legislativa. Dicho plazo para las acciones en Venezuela expiró el pasado lunes 3 de noviembre.
El senador republicano Rand Paul criticó la falta de debido proceso en los ataques, cuestionando la ausencia de pruebas públicas sobre la identidad y culpabilidad de los objetivos. Por su parte, funcionarios de la Administración Trump han argumentado que la Ley de Poderes de Guerra no es aplicable en este caso, ya que los ataques —ejecutados principalmente con drones desde buques— se realizan a distancias que no ponen en riesgo al personal estadounidense.
Ante el estrecho resultado, senadores como Adam Schiff y el propio Tim Kaine han anunciado su intención de seguir impulsando votaciones similares, denunciando que las operaciones militares sin la aprobación del Congorso son ilegales y sentan un peligroso precedente constitucional.
