El Comité de Peticiones del Parlamento Europeo ha aprobado esta semana una solicitud que abre la puerta a la recuperación de activos de 69 altos funcionarios del régimen venezolano, sancionados por la Unión Europea. Esta medida busca confiscar los multimillonarios bienes congelados de estos jerarcas, supuestamente adquiridos a través de la corrupción y el saqueo de recursos públicos en Venezuela.
Con los votos favorables del Partido Popular y Vox, el Comité ha avalado la petición de utilizar estos fondos para establecer un fondo de reparación destinado a ciudadanos afectados tanto venezolanos como de la Unión Europea. La Directiva (UE) 2024/1260 sobre la recuperación y decomiso de activos será el marco legal bajo el cual se actuará, permitiendo que aquellos activos cuyo origen legítimo no se pueda explicar sean utilizados para fines sociales.
La abogada venezolana Soranib Hernández, quien presentó la solicitud junto a su colega Simón Pedro Deffendini, destacó la importancia de esta iniciativa como una forma de justicia restaurativa. “Nuestra petición es clara: los activos congelados de estos sancionados deben ser decomisados y utilizados para indemnizar a quienes han sido víctimas del régimen”, enfatizó Hernández.
Si bien la cifra total de los activos aún es desconocida, las investigaciones apuntan a que muchos de ellos están vinculados a casos de corrupción y blanqueo de capitales en diversas jurisdicciones, incluyendo Estados Unidos, España y Suiza. Entre los mencionados en estas investigaciones se encuentra el empresario venezolano Alejandro Betancourt, quien está bajo investigación en España por presuntos delitos de blanqueo de capitales.
Las víctimas de este desfalco no se limitan a venezolanos; también abarcan ciudadanos europeos que han sufrido la expropiación de sus negocios y la falta de acceso a servicios básicos.
La admisión de esta petición por parte del Comité de Peticiones no solo busca abordar una denuncia específica, sino que convierte este asunto en una cuestión viva dentro del Parlamento Europeo. Esto permitirá un seguimiento más riguroso y la posibilidad de que se promuevan debates y recomendaciones a los Estados miembros, instándolos a proceder con la identificación, embargo y eventual confiscación de estos bienes.
Los abogados han asegurado que la gestión del fondo de reparación se realizará bajo estrictos parámetros de transparencia y control institucional, alineándose con los principios de justicia restaurativa del derecho europeo.
La comunidad internacional seguirá atentamente el desarrollo de este expediente, especialmente en un momento crítico para la democracia y los derechos humanos en Venezuela.
