La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia ha manifestado su creciente preocupación ante las restricciones impuestas por el Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, que limitan el acceso de la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Defensoría del Pueblo a las zonas afectadas por el conflicto armado en el país.
La ONU alertó sobre las «posibles consecuencias» que podría tener este impedimento en la población civil, destacando que las Misión de Verificación de la ONU, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA y la Defensoría del Pueblo desempeñan un papel crucial en la reparación, prevención y protección de las comunidades vulnerables afectadas por la violencia.
«Estas organizaciones son fundamentales para garantizar los derechos de la población civil. La restricción de su labor representa un peligro para quienes habitan las regiones más vulnerables del conflicto», señaló la ONU en un comunicado.
La disidencia de las FARC argumentó en un comunicado anterior que la restricción era una respuesta a «graves violaciones de confianza y neutralidad», alegando que las acciones humanitarias habían sido utilizadas como un pretexto para recopilar información sobre su ubicación y facilitar operaciones militares en su contra.
Mireia Villar, coordinadora residente y humanitaria de la ONU en Colombia, defendió la imparcialidad de las organizaciones humanitarias, recordando que se rigen por principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia. “Es imperativo respetar el espacio humanitario y garantizar un acceso sin restricciones para todas las instituciones que trabajan en pro de la población civil”, enfatizó.
La MAPP/OEA y la Defensoría del Pueblo también han expresado su desacuerdo con la decisión del EMC. La MAPP/OEA desmintió las acusaciones de falta de imparcialidad, reafirmando su compromiso de trabajar en colaboración con las comunidades afectadas por el conflicto, mientras que la Defensoría destacó que la restricción dificulta la defensa de los derechos humanos y agrava la situación de vulnerabilidad de la población.
Ante esta situación, el viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, Gabriel Rondón, anunció que el Gobierno colombiano tomará las «medidas necesarias» para asegurar que las actividades de estas organizaciones no se vean interrumpidas, con el fin de garantizar la protección de los derechos de la población civil y la continuidad de la ayuda humanitaria en las regiones afectadas por la violencia.
