La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha emitido un contundente informe que denuncia graves violaciones a los derechos humanos en Honduras durante el estado de excepción, vigente desde diciembre de 2022 hasta el pasado 26 de enero, el cual ha perdido su carácter temporal tras múltiples prórrogas. Entre las violaciones destacan ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas atribuidas a fuerzas de seguridad.
En el informe, presentado por el representante de Acnudh, Juan Carlos Monge, se revelan atrocidades que han afectado a al menos 24 personas, incluidas tres mujeres, durante acciones de allanamientos y detenciones ilegales. La Acnudh documentó al menos ocho casos de desapariciones forzadas, cinco de tortura, y tres de ejecuciones extrajudiciales, en un contexto marcado por disputas territoriales y altos niveles de impunidad.
Monge expresó su preocupación por la creciente inseguridad y la falta de una respuesta judicial efectiva ante estas violaciones. La reciente contienda electoral, que llevó a la victoria al candidato conservador Nasry ‘Tito’ Asfura, ha agudizado la tensión política, aunque los comicios fueron considerados relativamente tranquilos. Sin embargo, el clima de polarización y confrontación ha limitado la protección de los derechos derechos de los ciudadanos.
El informe pone de relieve las graves deficiencias en la investigación de los abusos, destacando que los defensores de derechos humanos enfrentan una amenaza constante, evidenciada por 17 muertes violentas de activistas documentadas en 2025, un aumento alarmante en comparación con años anteriores.
La Acnudh insta a la implementación urgente de políticas integrales de defensa de los derechos humanos y a la mejora en las investigaciones penales, enfatizando la necesidad de una coordinación institucional efectiva para enfrentar la impunidad que persiste en el país.
Finalmente, el informe también aborda los “desafíos estructurales” relacionados con el acceso a la tierra, que afecta especialmente a comunidades indígenas y afrodescendientes, y exhorta a adoptar medidas que garanticen la seguridad jurídica y la protección de sus derechos frente a proyectos extractivos.
La ONU hace un llamado a la comunidad internacional y a las autoridades hondureñas para abordar de manera urgente estas violaciones sistemáticas de derechos humanos y garantizar la justicia para las víctimas y sus familias.
