El comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, calificó este martes de «indignante» la nueva legislación aprobada por el Parlamento israelí que restringe las operaciones del organismo, al considerar que vulnera el mandato otorgado por la ONU y contradice pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
«La legislación corta el suministro de agua, electricidad, combustible y comunicaciones a UNRWA y otorga al gobierno de Israel la autoridad para expropiar propiedades de la ONU en Jerusalén Este, incluyendo la sede de UNRWA y su principal centro de formación profesional», advirtió en un comunicado Lazzarini.
Además, añadió, la medida excluye explícitamente a la UNRWA de la normativa israelí que incorpora las obligaciones del país bajo la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas, lo que, denuncia, supone «una clara violación de las obligaciones del Estado de Israel en virtud del derecho internacional».
El pleno de la Knéset (Parlamento israelí) aprobó este lunes en segunda y tercera lecturas una enmienda al proyecto de ley para la terminación de las actividades de la UNRWA que entró en vigor en enero 2025, en la que se recogen estas restricciones. La propuesta fue apoyada por 59 diputados, frente a 7 que se opusieron.
Durante el debate, el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa, el diputado Boaz Bismut, afirmó que «los empleados de la UNRWA participaron plenamente en la brutal masacre perpetrada contra nosotros el 7 de octubre. Ayudaron, asesinaron y secuestraron. En la práctica, la UNRWA es un brazo de Hamás. Terroristas disfrazados bajo los auspicios de la ONU».
La legislación fue criticada por dirigentes palestinos. El secretario general de la Iniciativa Nacional Palestina, Mustafa Barghouti, tildó la ley, en un mensaje en la red social X, de «otra violación del derecho internacional”.
El comisionado de la UNRWA denunció asimismo acciones unilaterales sobre el terreno, como la irrupción de funcionarios israelíes en un complejo (hoy cerrado) de la agencia en Jerusalén Este y el cierre forzoso de escuelas del organismo, lo que privó a cientos de niños refugiados de su derecho a la educación.
Este veto dificulta la ayuda de la agencia a los palestinos en Jerusalén Este, Cisjordania ocupada y Gaza, ya que los accesos y el movimiento de estos territorios están controlados casi por completo por Israel.
El 81 % de todas las estructuras y edificios de Gaza han sido destruidos por los bombardeos israelíes durante su ofensiva, y a pesar del alto el fuego, el Ejército de Israel continúa demoliendo edificios en el 54 % de la Franja que continúa bajo su control.
Desde el inicio del alto el fuego, el pasado 10 de octubre, ya son 414 los palestinos fallecidos y 1.145 los heridos por fuego israelí, según los datos publicados este lunes por Sanidad gazatí.
