La muerte del enfermero Alex Pretti a manos de agentes de Inmigración ha conmocionado a las comunidades y desatado protestas masivas a nivel nacional. Los agentes responsables han sido identificados como Jesús Ochoa, de 43 años, de la Patrulla Fronteriza, y Raymundo Gutiérrez, de 35 años, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), según reportes de ProPública basados en registros gubernamentales.
El trágico incidente ocurrió el 24 de enero, siendo Pretti la segunda persona en perder la vida por agentes federales en operativos en Mineápolis en apenas un mes, luego de la muerte de Renee Good el 7 de enero. De acuerdo con un informe enviado al Congreso por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Ochoa y Gutiérrez fueron dos de los ocho agentes que rodearon a Pretti mientras se encontraba en el suelo, aunque los nombres de los involucrados no se revelaron en un primer momento.
En respuesta al clamor público y las protestas que han estallado, el DHS ha suspendido a los agentes implicados y el Departamento de Justicia ha iniciado una investigación sobre la posible violación de derechos civiles en este caso.
El secretario de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió las acciones de Ochoa y Gutiérrez, calificando el incidente de “terrorismo doméstico”, lo que generó una ola de indignación entre los activistas. Gregory Bovino, jefe de operativos migratorios en la región, aseguró que los agentes intentaron desarmar a Pretti, quien, según él, se resistió “violentamente”.
La situación ha llevado a la intervención del ex presidente Donald Trump, quien decidió retirar a Bovino de su puesto tras las protestas y envió a Tom Homan, un zar de la frontera, a hacerse cargo de la situación. Trump también anunció la retirada de agentes federales de las manifestaciones en Mineápolis, aunque se comprometió a proteger las instalaciones del Gobierno federal.
Human Rights Watch ha solicitado urgentemente una investigación independiente sobre la muerte de Pretti y ha instado a detener operativos similares en todo el país para prevenir futuras tragedias.
Las comunidades exigen justicia y transparencia en el manejo de casos de violencia por parte de las fuerzas del orden, mientras la indignación crece frente a los eventos que han marcado esta lamentable historia en Mineápolis.
