Una investigación del economista Francisco Rodríguez (PhD, Harvard) señala que el denominado “Gobierno Interino” y diputados de la Asamblea Nacional de 2015 habrían utilizado más de $320 millones de fondos del Banco Central de Venezuela (BCV), resguardados en la Reserva Federal de Nueva York desde 2019. Los recursos, administrados por el “BCV Ad Hoc” —entidad creada tras el reconocimiento internacional del gobierno de Juan Guaidó—, habrían sido destinados a préstamos sin controles transparentes, según documentos internos analizados.
El monto exacto identificado asciende a $322.544.350, asignados al Ejecutivo interino, el cual carecía de fuentes formales de ingresos. La práctica podría contravenir el artículo 320 de la Constitución venezolana, que prohíbe al BCV financiar al Poder Ejecutivo. Rodríguez advierte que estas operaciones, además de su posible inconstitucionalidad, reflejarían opacidad en el manejo de fondos públicos.
Desde 2023, más de 130 organizaciones civiles y activistas han demandado que estos recursos se destinen a un Fondo de Protección Social, propuesto en las negociaciones de México y gestionado por la ONU para garantizar transparencia. No obstante, el proyecto enfrenta obstáculos legales y políticos.
El caso reaviva el debate sobre la legitimidad de las estructuras opositoras en 2025, que, pese a operar virtualmente y controlar activos estatales en el exterior, enfrentan críticas por falta de rendición de cuentas. Sectores opositores exigen investigaciones judiciales, mientras voces independientes reclaman auditorías internacionales sobre los fondos venezolanos, sin importar su ubicación o administración.
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