Gobierno salvadoreño admitió que la administración Trump conserva autoridad sobre los deportados al Cecot, contradiciendo versiones oficiales.
El gobierno de El Salvador reconoció ante investigadores de Naciones Unidas que Estados Unidos mantiene el control legal sobre un grupo de venezolanos deportados a la mega prisión Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), según documentos judiciales divulgados este lunes. Esta declaración contradice las posturas públicas de ambos gobiernos y surge en medio de una batalla legal sobre el destino de estos detenidos.
La revelación se produjo cuando abogados de más de 100 migrantes presentaron pruebas ante tribunales estadounidenses para impugnar su deportación al Cecot, un caso emblemático de las polémicas políticas migratorias de Donald Trump. En comunicaciones con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, autoridades salvadoreñas afirmaron: “La jurisdicción y responsabilidad legal sobre estas personas recae exclusivamente en las autoridades extranjeras competentes” (refiriéndose a EEUU).
“El Salvador confirmó lo que ya sabíamos: Estados Unidos controla el destino de los venezolanos que sufren en el Cecot. Lo grave es que el gobierno estadounidense ocultó esta información a los tribunales”, denunció Lee Gelernt de la ACLU, una de las organizaciones que representa a los afectados. Skye Perryman de Democracy Forward añadió: “Estos documentos prueban que la administración mintió al tribunal y al pueblo americano”.
Trasfondo de un acuerdo polémico
El caso se remonta a marzo, cuando la administración Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros (de 1798) para deportar rápidamente a supuestos miembros del grupo venezolano Tren de Aragua, tras pagar $6 millones a El Salvador por su custodia. La medida generó críticas por evadir procesos legales en EEUU.
Uno de los casos más graves fue el de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño-residente en Maryland que fue enviado por error al Cecot pese a una orden judicial que lo protegía. Tras semanas de disputas, fue repatriado para enfrentar cargos por tráfico humano.
Organizaciones de derechos humanos presentaron una demanda para anular el acuerdo carcelario, alegando que viola la Constitución al mantener a detenidos fuera del alcance de tribunales estadounidenses. Mientras, el Departamento de Justicia se negó a comentar, y la Casa Blanca no respondió a consultas.
AGENCIAS
