El Ayuntamiento de Doral aprobó este miércoles un polémico acuerdo con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que permitirá a las autoridades locales realizar funciones de control migratorio, incluyendo la detención y procesamiento de indocumentados. La decisión, votada de manera unánime, ha generado preocupación en una comunidad conocida como “Doralzuela” por su alta población de origen venezolano.
¿En qué consiste el acuerdo?
El convenio, respaldado por el gobernador Ron DeSantis, autoriza a agentes policiales de Doral a:
– Interrogar y detener a personas sospechosas de estar ilegalmente en el país.
– Ejecutar órdenes de arresto por violaciones migratorias.
Funcionarios locales argumentaron que la ley estatal los obliga a participar en este programa, bajo amenaza de sanciones penales si se negaban. “Aprobar esto es doloroso para todos. Somos inmigrantes o hijos de inmigrantes”, expresó el fiscal municipal Lorenzo Cobiella, quien destacó el dilema entre cumplir la ley y proteger a la comunidad.
Preocupación por la confianza comunitaria
Durante la sesión, la activista venezolano-estadounidense Adelis Ferro advirtió que el acuerdo erosionará la relación entre la policía y los residentes:
– “Cuando la gente teme a la policía, no denuncia crímenes. Las víctimas callan, los testigos desaparecen, y todos estamos menos seguros”.
– Criticó que la medida “divide a la comunidad” y va en contra del principio de que la policía debe “proteger y servir, no discriminar ni deportar”.
### *Postura de los funcionarios*
El concejal Rafael Pineyro, único venezolano en el consejo, defendió su voto afirmando que el acuerdo se enfoca en criminales, no en indocumentados en general:
– “Nadie será atacado por su apariencia o idioma. Velaremos por los derechos de todos”.
– La vicealcaldesa Maureen Porras aseguró que no habrá redadas indiscriminadas.
Contexto
Doral, con unos 27,000 venezolanos, es epicentro de la diáspora venezolana en EE. UU. La decisión llega en medio de tensiones por las políticas migratorias de Florida, que ha impulsado medidas estrictas bajo el mandato de DeSantis.
Mientras autoridades insisten en que buscan aplicar la ley, grupos migrantes temen que el acuerdo fomente perfiles raciales y rompa el tejido social de una ciudad construida por inmigrantes.
Fuente: CNN
