En un movimiento legal significativo, el fiscal general de California, Rob Bonta, ha interpuesto una demanda contra la Administración del presidente Donald Trump, argumentando que esta asumió sin autorización la jurisdicción de dos oleoductos terrestres que podrían reactivar operaciones petroleras en la costa californiana.
La denuncia busca impugnar las órdenes de la Administración de Seguridad de Oleoductos y Materiales Peligrosos (PHMSA), que, según Bonta, “ilegalmente afirma jurisdicción exclusiva sobre dos oleoductos terrestres de California”. Esta acción federal, de prosperar, permitiría al presidente Trump reiniciar las operaciones de extracción de petróleo a lo largo de la costa del condado de Santa Bárbara.
En su comunicado, Bonta destacó que la demanda impugna el intento de la PHMSA de eludir la regulación estatal mediante la federalización de los Oleoductos de Las Flores y la aprobación de un Plan de Reinicio para Sable Offshore Corp. (Sable), así como la emisión de un permiso de emergencia para reiniciar el transporte de petróleo.
La Fiscalía sostiene que las órdenes de la PHMSA violan la Ley de Procedimiento Administrativo y solicita al tribunal que revoque estas decisiones, que describe como ilegales.
Los oleoductos en cuestión han estado cerrados durante más de una década tras un devastador derrame de petróleo que ocurrió en Refugio Beach, resultante de un segmento corroído que liberó cientos de miles de galones de crudo en el océano. Este incidente llevó a un Decreto de Consentimiento, que incluyó el reconocimiento del papel del Jefe de Bomberos del Estado en la revisión y aprobación de cualquier reinicio de operaciones.
Diversos grupos ambientalistas han expresado su preocupación por la posible reactivación de las perforaciones, advirtiendo que esto podría resultar en un aumento significativo de las emisiones de gases de efecto invernadero. Estos organismos argumentan que es crucial abandonar los combustibles fósiles para mitigar las consecuencias ambientales.
La demanda de California marca un nuevo capítulo en la lucha entre el estado y la administración federal sobre el control de los recursos naturales y la protección del medio ambiente.
