En una sesión Especial Extraordinaria celebrada este martes, la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela repudió de manera unánime lo que calificó como el “expolio” o “gigantesco robo” de la petrolera CITGO, principal activo del país en Estados Unidos, avalado por un tribunal norteamericano.
El presidente del cuerpo legislativo, Jorge Rodríguez, lideró la condena contra la venta forzosa de la filial de PDVSA, autorizada recientemente por un juez federal en Delaware por un monto de 5.900 millones de dólares. Rodríguez denunció que esta transacción, impulsada por el gobierno estadounidense en complicidad con lo que denominó “la extrema derecha nacional” y “sectores fascistas”, representa un valor muy por debajo de su estimación real, situada entre los 11.000 y 13.000 millones.
Propuesta de Sanciones Severas:
Como medida de respuesta, el presidente de la AN propuso aplicar la Ley de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar para castigar a los responsables. Además, exhortó al Poder Ejecutivo Nacional a retirar la nacionalidad venezolana a varias figuras señaladas como “cabecillas” del proceso, argumentando que violaron el deber constitucional de defender la patria y su soberanía. Entre los nombres propuestos figuran José Ignacio Hernández, Dinora Figuera, Carlos Vecchio, Juan Guaidó y Horacio Medina.
Investigación y Lista de Responsables:
Pedro Infante, primer vicepresidente de la AN y presidente de la comisión investigadora sobre CITGO, detalló que las averiguaciones han identificado a 351 personas responsables del “expolio”, quienes enfrentarán sanciones. La lista incluye a 94 exparlamentarios de la legislatura de 2015, 108 “pseudofuncionarios” de instituciones paralelas y 149 directivos de ONG que habrían recibido financiamiento de la Fundación Simón Bolívar de CITGO. La diputada Iris Varela solicitó la publicación de sus nombres y la confiscación de sus bienes.
Contexto y Análisis del “Expropiación”:
Durante el debate, se citó un análisis que describe la venta como la culminación de un proceso jurídico-politizado iniciado tras el reconocimiento por parte de la administración Trump de un gobierno paralelo en Venezuela en 2019. Dicho proceso, según expertos citados, violó principios legales como el “alter ego” para forzar la venta de una subsidiaria (CITGO) por deudas atribuidas a la República. Se argumentó que el objetivo dual ha sido estrangular una fuente vital de divisas para Venezuela y apoderarse de un activo estratégico y rentable.
Consecuencias y Futuras Acciones:
La AN y el Gobierno Bolivariano han denunciado el fallo como un acto de “lawfare” (guerra jurídica) y un “atraco en plena luz del día”. Asimismo, se advirtió que este precedente generará desconfianza y elevará los costos en cualquier futura relación o negociación bilateral con Estados Unidos. El Estado venezolano ha manifestado que agotará todas las vías legales internacionales para revertir lo sucedido y recuperar el patrimonio nacional, en un proceso que, según estimaciones, podría extenderse hasta 2026 para su concreción final.
