El historial del agente Jonathan Ross, quien necesitó 20 puntos de sutura en junio, es usado por la administración Trump para justificar el disparo mortal; manifestantes y críticos denuncian abuso de poder y racismo sistémico.
El agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que mató a tiros a una mujer de 37 años durante una protesta en Mineápolis el pasado miércoles, había sido arrastrado unos 100 metros por un vehículo en una redada anterior ocurrida en junio, según documentos judiciales y medios locales. El agente, identificado como Jonathan Ross, necesitó 20 puntos de sutura por una herida en el antebrazo tras aquel incidente.
Este antecedente ha sido destacado por altos funcionarios de la administración del presidente Donald Trump para defender las acciones de Ross, quien disparó contra Renee Good cuando ella maniobraba su coche durante una redada en el barrio de Phillips. El vicepresidente JD Vance se refirió al caso en una rueda de prensa: “¿No creen que quizás esté un poco sensible ante la idea de que alguien lo embista con un automóvil?”.
Sin embargo, el relato oficial choca con la indignación ciudadana y las acusaciones de abuso de poder. Good, quien bloqueaba con su vehículo el paso de los agentes durante una protesta contra la presencia del ICE en la ciudad, fue alcanzada por varios disparos mientras intentaba maniobrar. El suceso ha reavivado las tensiones raciales y políticas en Mineápolis, ciudad que en 2020 fue epicentro de las protestas mundiales tras el asesinato de George Floyd a manos de un policía.
La redada de junio en la que Ross resultó herido se produjo durante el intento de detención de Roberto Carlos Muñoz-Guatemala, un ciudadano mexicano. Según el Minnesota Star Tribune, Ross rompió la ventanilla trasera del vehículo para intentar abrir la puerta, momento en el que el conductor aceleró y lo arrastró. El conductor fue condenado por agresión el mes pasado.
La administración Trump ha enviado alrededor de 2.000 agentes federales a Mineápolis desde diciembre, en el marco de su política de deportaciones masivas. Todos los miembros del gobierno han respaldado públicamente al ICE y algunos, incluido el presidente, han acusado a Good de “terrorismo interno”.
Organizaciones locales y familiares de la víctima exigen una investigación independiente y denuncian el historial del ICE, acusado sistemáticamente de prácticas racistas y discriminatorias. Mientras la investigación sigue en curso, las calles de Mineápolis vuelven a ser escenario de protestas que cuestionan no solo un hecho aislado, sino la legitimidad y los métodos de una agencia profundamente polarizadora.
