La pérdida del estatus deja a los afectados sin documentación para trabajar, conducir y acceder a servicios básicos, aumentando el temor a la deportación y la separación familiar.
A partir de la medianoche de este viernes, aproximadamente 250,000 venezolanos en Estados Unidos quedarán en un vacío legal tras la expiración del Estatus de Protección Temporal (TPS), una medida humanitaria que llegó a su fin tras un fallo de la Corte Suprema y la decisión de la administración del presidente Donald Trump.
El vencimiento del programa sume a miles de familias en la incertidumbre y el temor a procesos de deportación. “Al quedarse sin estatus, quedan sin cualquier tipo de oportunidad para mantener una protección migratoria. En ese momento podrían ser detenidos y enfrentar un proceso de deportación”, explicó a CNN el abogado migratorio Haim Vásquez.
Según estimaciones oficiales, cerca de 350,000 venezolanos ya habían perdido esta protección semanas atrás, y ahora el resto de los beneficiarios originales de 2021 enfrentan la misma situación. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) fue contundente en su portal web: “Si usted es extranjero y actualmente es beneficiario del TPS para Venezuela, debe prepararse para regresar a Venezuela si no tiene otra base legal para permanecer en Estados Unidos”.
Un Resquicio de Esperanza para Pocos
A pesar del vencimiento general, un grupo reducido mantendrá protección temporal hasta 2026. El abogado Vásquez aclaró que existe “un poco de incertidumbre”, ya que el USCIS extendió la validez de la documentación solo para “un pequeño grupo que presentó su renovación entre el 17 de enero y el 5 de febrero de 2025”, cuyos permisos de trabajo permanecerán vigentes hasta octubre de 2026.
“Son unos pocos miles”, estimó Adelys Ferro, directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus, organización que asesora a migrantes. La activista relató que recibe mensajes diarios de familias angustiadas. “Es una situación de terror, vivir en un estado de ansiedad y de nervios, muy difícil de describir. Las personas están en un estado de desesperación para obtener algún tipo de legalidad”, afirmó.
El Asilo: Una Opción Limitada y Compleja
Aunque existen litigios sobre el TPS que siguen en revisión judicial, estos procesos suelen extenderse por meses o años, un plazo que la mayoría de los migrantes no puede esperar. Solicitar asilo político es una alternativa para algunos, pero Vásquez advierte que “no son tantos quienes cumplen las condiciones” establecidas en la ley, que exige probar persecución o temor fundado por motivos políticos o sociales. Además, las autoridades han endurecido los criterios bajo la administración Trump, ordenando a los jueces desestimar los casos de asilo que consideren “deficientes”.
La justificación para la terminación del TPS radica en una reevaluación de las condiciones en Venezuela. Mientras que el país fue incluido en el programa en 2021 por “condiciones extraordinarias y temporales” que impedían el retorno seguro, la administración Trump consideró este año que, “aunque ciertas condiciones puedan continuar”, Venezuela ha mostrado “notables mejoras en varias áreas”.
Consecuencias Inmediatas: Más Allá de los Papeles
Sin el TPS, los venezolanos pierden automáticamente permisos laborales, licencias de conducir y acceso a servicios básicos. “Al momento de perder el estatus, pierden la oportunidad de trabajar legalmente, de mantener un documento de identificación como la licencia de conducir, y otros tipos de beneficios como poder estudiar, obtener créditos”, explicó Vásquez.
Ferro considera que el impacto trasciende lo administrativo: “No se arraiga una licencia, sino la libertad de conducir, de la vida. Se trata de personas”, manifestó.
Desde finales de octubre, muchas empresas comenzaron a despedir a empleados venezolanos al anticipar la pérdida de su estatus. “Los están despidiendo antes, para un empleador no es rentable saber que en una semana se queda sin empleados”, indicó Ferro. Esta situación ha provocado una crisis que impide a muchos cumplir con créditos, hipotecas o seguros médicos. “Las personas que habían comprado casas están viendo qué hacen con préstamos bancarios. En general es una situación absolutamente desesperada, multiplica eso por decenas de miles de casos, hay gente con crisis nerviosa”, añadió.
La activista también alertó sobre el riesgo de separación familiar, donde padres podrían ser deportados mientras sus hijos, nacidos en EE.UU., permanecen en el país. “Son familias literalmente arrancadas de la manera más brutal”, dijo.
Aunque el gobierno estadounidense ofrece un incentivo de 1,000 dólares para quienes opten por el retorno voluntario, Vásquez señaló que ha conocido casos en los que ese pago nunca se concretó. La mayoría descarta regresar mientras Nicolás Maduro siga en el poder. “Hay muchos que han sido perseguidos políticos, están aterrorizados, podría significar desaparecer a manos del régimen”, advirtió Ferro.
El abogado Vásquez finalizó con una recomendación crucial: “Cualquier persona que tenga en mente salir del país debe hablar con un abogado de inmigración para tomar decisiones que no afecten su futuro y preserven las oportunidades de volver (a EE.UU.)”.
