La reciente aprobación en la Cámara de Diputados de Argentina del nuevo Régimen Penal Juvenil, que propone reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, ha desatado un intenso debate en el país. La iniciativa, respaldada por el Gobierno de Javier Milei, logró 149 votos a favor y 100 en contra. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y expertos en infancia expresan su profunda preocupación por las implicancias que esta reforma podría tener sobre las garantías fundamentales de los jóvenes.
La legisladora Juan Carlos Molina, de Unión por la Patria, se pronunció en contra de la iniciativa, argumentando que la atención del Estado debería centrarse en la educación, la salud mental y otras áreas críticas, en lugar de incrementar el encarcelamiento juvenil. Además, la diputada Romina del Pla, del Frente de Izquierda, destacó que los sistemas de privación de libertad han demostrado ser ineficaces, ya que frecuentemente intensifican las condiciones de vulnerabilidad de los jóvenes y generan altas tasas de reincidencia.
De acuerdo con datos recientes, varios países de la región, que han optado por reducir la edad penal, como Ecuador, exhiben índices de criminalidad superiores a los de Argentina. Estos ejemplos refuerzan la percepción de que una respuesta punitiva no aborda las raíces del problema de seguridad y puede contribuir a un ciclo de criminalidad y exclusión social.
La ex Defensora Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, advirtió que la medida propuesta representa un “placebo” que engaña a la sociedad, dado que más del 99% de los menores en Argentina no se encuentra en conflicto con la ley. Graham resaltó la falta de preparación de los operadores del sistema y la ausencia de dispositivos adecuados para abordar la situación de los jóvenes, lo que podría resultar en condiciones aún más adversas tras su paso por el sistema judicial.
Además, estudios científicos alertan sobre el desarrollo cerebral durante la adolescencia, sugiriendo que un enfoque punitivo puede interrumpir procesos fundamentales para el crecimiento y la madurez de los jóvenes. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también enfatizó que el proyecto de ley amenaza el estatus de los menores como sujetos de derecho, permitiendo a los jueces separar a los niños de sus familias sin considerar su testimonio.
Con la discusión legislativa aún en curso, la polarización sobre el tema destaca la urgencia de repensar el enfoque del Estado hacia la niñez y la adolescencia. Organizaciones de derechos humanos y expertos imploran un cambio hacia políticas que prioricen la protección y el desarrollo integral de los jóvenes, en lugar de respuestas punitivas que perpetúan ciclos de marginalidad y violencia.
La mirada internacional y el compromiso con los tratados de derechos humanos son clave en este debate, y la propuesta de reducir la edad penal representa una preocupación vigente que podría tener reverberaciones profundas en el futuro de la juventud argentina.
