El ex presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han presentado una declaración ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, reiterando su incapacidad financiera para costear su defensa en un caso de narcotráfico. Esta declaración llega a pocos días de una audiencia programada para el 26 de octubre.
A través de sus abogados, Barry Pollack y Mark E. Donelly, Maduro y Flores han afirmado que están dispuestos a presentar pruebas de su situación financiera si el juez lo solicita, sumando así argumentos a su petición de desestimar la acusación en su contra.
En documentos judiciales, los abogados señalaron que la Fiscalía ha reconocido el derecho de Maduro y Flores a solicitar que el gobierno de Venezuela financie su defensa. Sin embargo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. no ha autorizado pagos desde el gobierno venezolano, un obstáculo que, argumentan, afecta su derecho constitucional a elegir su representación legal.
La defensa sostiene que las sanciones impuestas a Venezuela desde 2015 han buscado presionar a Maduro para que abandone el poder, y que el gobierno de EE. UU. no reconoce su legitimidad como presidente. En este contexto, los abogados han destacado que la negativa de la OFAC a permitir el financiamiento legal por parte del gobierno venezolano infringe la Sexta Enmienda de la Constitución, que garantiza el derecho a una defensa elección propia, así como la Quinta Enmienda, que protege el debido proceso.
Los abogados también enfatizan que la propuesta del gobierno de designar un abogado de oficio no es una solución viable, ya que los acusados se verían obligados a aceptar una defensa que no eligieron.
Ante estas circunstancias, la defensa ha solicitado al juez Alvin Hellerstein que desestime los cargos, argumentando que continuar el proceso sería “inconstitucionalmente defectuoso”. De ser necesario, solicitan que se realice una audiencia para discutir el caso, insistiendo en que el único remedio apropiado sería el sobreseimiento debido a la violación de los derechos constitucionales de Maduro y Flores.
La comunidad internacional y analistas seguirán de cerca el desarrollo de esta situación, que plantea importantes interrogantes sobre los derechos legales de individuos sujetos a sanciones económicas.
