En un nuevo giro en el caso que enfrenta al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con la justicia estadounidense, su abogado, Barry Pollack, ha presentado una moción solicitando la desestimación de las acusaciones de narcotráfico y corrupción después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) negara a Maduro la licencia necesaria para financiar su defensa legal con fondos del Gobierno venezolano.
Según la argumentación de Pollack, la negativa de la OFAC no solo interfiere con el derecho de Maduro a contratar el abogado de su elección, sino que también viola su derecho a la defensa, garantizado por la Sexta Enmienda de la Constitución de EE.UU. En su declaración jurada, Maduro reafirmó su deseo de ser representado por Pollack y reiteró que es incapaz de financiar su defensa legal por cuenta propia.
Pollack también expresó su intención de retirarse del caso si el tribunal no desestima las acusaciones en contra de Maduro. En su defensa, enfatizó que cualquier juicio en estas circunstancias sería inconstitucional y susceptible de impugnaciones posteriores.
La situación se complica aún más por el contexto de sanciones impuestas por EE.UU. al Gobierno venezolano, lo que ha llevado a Pollack a solicitar una licencia a la OFAC para recibir fondos que permitan cubrir sus honorarios legales. Sin embargo, tras una licencia inicial, la OFAC emitió una enmienda que bloqueó la transacción, lo que plantea serias dificultades para la representación legal de Maduro.
En apoyo a la defensa de su presidente, el abogado del Gobierno venezolano, Henry Rodríguez Facchinetti, reafirmó la “obligación clara y legal” de Caracas de cubrir los gastos legales de Maduro, asegurando que los fondos a utilizar son legítimos y no están relacionados con actividades ilegales.
Mientras se aguarda la decisión del juez Alvin Hellerstein, la situación de Maduro continúa levantando interrogantes sobre la influencia de las políticas estadounidenses en el derecho a la defensa de los acusados internacionales.
