Una jueza federal de Massachusetts, Indira Talwani, ordenó al gobierno de EE.UU. reanudar el procesamiento de solicitudes del programa de parole humanitario, que había permitido la entrada legal de más de 530.000 migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. La decisión responde a una demanda colectiva presentada por beneficiarios del programa afectados por su suspensión reciente.
El fallo también bloquea temporalmente la posibilidad de que el gobierno cancele otros programas migratorios, como el Uniting for Ukraine (para ucranianos desplazados por la guerra), Operation Allies Welcome (para afganos aliados de EE.UU.) y el Military Parole (que protege a familiares indocumentados de militares estadounidenses). Además, obliga a reactivar las solicitudes de quienes ya ingresaron al país bajo estas figuras.
Suspensión del programa y argumentos del gobierno
En marzo, el gobierno anunció la cancelación del parole humanitario, alegando que ya no cumplía con los criterios de “beneficio público significativo” o “necesidad humanitaria urgente”. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) argumentó que el programa contribuía a la saturación del sistema migratorio, especialmente en aeropuertos de Florida, donde llega el 80% de los beneficiarios.
Según datos oficiales, entre enero de 2023 y diciembre de 2024, ingresaron bajo este programa:
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211,040 haitianos
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117,330 venezolanos
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110,240 cubanos
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93,070 nicaragüenses
La mayoría se estableció en el sur de Florida, donde residen y trabajan legalmente. Sin embargo, el DHS señaló que al menos 75,000 beneficiarios solicitaron asilo, lo que—según su postura—aumenta la carga procesal en el sistema de inmigración.
Impacto de la decisión judicial
La jueza Talwani determinó que la suspensión abrupta del programa perjudicaría a miles de migrantes que cumplieron con los requisitos, como tener un patrocinador financiero, comprar sus pasajes y pasar verificaciones médicas y de antecedentes. Su fallo mantiene vigentes estas vías legales mientras se resuelve el litigio.
Esta medida representa un revés para las políticas migratorias restrictivas impulsadas recientemente y reabre el debate sobre el balance entre control fronterizo y protección humanitaria.
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