En una decisión histórica, el Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró este viernes que la administración del expresidente Donald Trump se extralimitó al imponer aranceles a sus socios comerciales bajo los poderes de emergencia invocados en la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977. Con una contundente mayoría de 6-3, el fallo marca un giro significativo en la política arancelaria de Trump, que había sido un pilar central de su segundo mandato.
El presidente del Tribunal, John Roberts, quien redactó la opinión de la mayoría, subrayó que el Gobierno federal no posee poderes inherentes en tiempos de paz para imponer aranceles, argumentando que tal acción constituiría una delegación excesivamente amplia de la autoridad tributaria que la Constitución reserva al Congreso. Roberts destacó que los aranceles deben considerarse como una forma de impuesto sobre los ciudadanos.
Los jueces disidentes –Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh– defendieron que el presidente debería tener libertad para actuar en asuntos de política exterior, señalando que la IEEPA puede aplicarse en este contexto.
A pesar de la anulación de los aranceles impuestos, Trump aún puede establecer gravámenes utilizando otras legislaciones. Funcionarios de su administración han manifestado su intención de mantener la estructura arancelaria bajo diferentes fundamentos legales, aunque la posibilidad de reembolsar a los importadores que pagaron los altos aranceles parece poco probable.
El tribunal también determinó que no contaba con la autoridad para implementar un gravamen adicional del 25% sobre productos importados de Canadá, China y México, que se justificaba como parte de los esfuerzos para combatir la entrada de fentanilo en EE.UU.
Trump ha expresado que una decisión del Supremo que declare ilegales gran parte de sus aranceles sería “muy decepcionante”, considerando que estos son esenciales para el éxito económico de su administración y para presionar a otras naciones en temas de política exterior.
Esta sentencia representa uno de los primeros grandes reveses legales para Trump en su segundo mandato, indicando un nuevo desafío para sus esfuerzos en materia de comercio y economía.
