La administración del presidente Donald Trump ha solicitado formalmente a la Corte Suprema que ponga fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) que ampara a más de 300.000 ciudadanos venezolanos en Estados Unidos, argumentando que su permanencia es “contraria al interés nacional”.
La petición, presentada este viernes por el Departamento de Justicia, insta al máximo tribunal a anular una decisión previa de un juez federal de San Francisco, quien había bloqueado la intención del Gobierno de cancelar estas protecciones migratorias.
Un conflicto legal recurrente
Esta no es la primera vez que la Corte Suprema examina este caso. En mayo, avaló sin comentarios una decisión similar de la administración Trump de revocar el TPS a unos 350.000 venezolanos, cuyo estatus venció en abril.
En el nuevo escrito, el procurador general John Sauer acusó a los tribunales de primera instancia de ignorar órdenes previas de la Corte Suprema y de bloquear “políticas migratorias clave” mediante “teorías legales sin mérito”. Sauer solicitó a los magistrados que apliquen el mismo criterio establecido hace cuatro meses.
La postura judicial y el programa TPS
Por su parte, el juez federal Edward Chen, cuya decisión ahora es impugnada, defendió la continuidad del programa. En su fallo, criticó al Departamento de Seguridad Nacional —dirigido entonces por Kristi Noem— por actuar con lo que calificó como un “odio sin precedentes” hacia los beneficiarios del TPS.
El Estatus de Protección Temporal permite a sus beneficiarios residir y trabajar legalmente en Estados Unidos, además de protegerlos de la deportación. Su designación y renovación dependen de las condiciones del país de origen, como guerras, desastres naturales u otras crisis extraordinarias.
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito se negó previamente a suspender la medida de Chen mientras el caso sigue su curso judicial, lo que llevó al Gobierno a elevar su petición directamente a la Corte Suprema.
AGENCIAS
