En un movimiento significativo que subraya las tensiones sobre las políticas de género en el deporte, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado una demanda contra el estado de Minesota. La acción legal cuestiona la decisión del estado de permitir que niñas trans participen en competiciones deportivas femeninas, argumentando que esta medida constituye una forma de “discriminación por razón de sexo” que infringe la ley federal.
La demanda sostiene que el Departamento de Educación de Minesota y la liga estatal de institutos han violado el Título IX, una ley fundamental de 1972 destinada a prevenir la discriminación basada en el sexo en programas de educación y actividades. Según la administración, permitir que atletas trans compitan en equipos femeninos “obliga a jovencitas a competir contra chicos”, lo que podría comprometer su seguridad y privarlas de igualdad de oportunidades en el ámbito deportivo.
La base de la demanda se apoya en una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en febrero de 2025, titulada ‘Excluir a los hombres de los deportes femeninos’. Esta orden redefine el reconocimiento de género en términos biológicos, desestimando la identidad de género de los atletas trans y argumentando que tal política favorece una interpretación biológica del sexo que debe ser priorizada sobre la identidad de género.
La fiscal general, Pam Bondi, enfatizó la postura de la administración al afirmar: “No toleraremos políticas estatales que ignoren la realidad biológica y que dañen injustamente a las niñas en el terreno de juego”. Este caso se produce en un contexto donde, según informan, Minesota recibe 3.000 millones de dólares en fondos federales que están condicionados a cumplir con las normas del Título IX.
Funcionarios como el secretario de Salud, Robert Kennedy, Jr., y la secretaria de Educación, Linda McMahon, también han expresado su apoyo a la demanda, advirtiendo que las políticas inclusivas del estado socavan la igualdad de acceso a las actividades educativas y deportivas.
Este caso representa un nuevo capítulo en la lucha entre la administración Trump y las políticas estatales que adoptan una postura inclusiva hacia las personas trans en el ámbito deportivo. La demanda ha sido vista como un esfuerzo por parte de la administración para presionar y recortar fondos a aquellos estados que no se alineen con su agenda política.
