El gobierno de Estados Unidos confirmó haber deportado a cuatro venezolanos, presuntamente vinculados a la organización criminal Tren de Aragua, hacia El Salvador, a pesar de una orden judicial que exigía evaluar riesgos antes de enviarlos a un tercer país.
Según documentos judiciales revisados por ABC News, los abogados del Departamento de Justicia defendieron la legalidad de la deportación, argumentando que la medida no violó la orden del juez federal Brian Murphy –emitida el 28 de marzo– porque la operación fue ejecutada por el Departamento de Defensa y no por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ente demandado en el caso.
Los cuatro venezolanos fueron trasladados en un vuelo desde la Base Naval de Guantánamo hasta El Salvador, según una declaración jurada de Tracey Huettl, funcionaria del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Las autoridades estadounidenses los identificaron como integrantes del Tren de Aragua, con antecedentes penales graves.
Uno de los deportados habría admitido su pertenencia al grupo y su participación en reclutamiento de víctimas de explotación sexual. Otro enfrentaba cargos por disparos y robos; un tercero tenía condenas por tráfico humano y violencia doméstica; y el cuarto había sido arrestado por posesión de drogas.
La deportación ha generado controversia, pues el juez Murphy había ordenado suspender este tipo de traslados hasta garantizar que los deportados no enfrenten persecución o tortura en su destino. Sin embargo, el gobierno de EE.UU. sostiene que la medida no aplicaba en este caso por tratarse de una operación militar.
Organizaciones de derechos humanos han criticado el procedimiento, mientras El Salvador no se ha pronunciado oficialmente sobre la llegada de los venezolanos.
Fuente: AlDia
