La Defensoría del Pueblo de Venezuela ha rechazado enérgicamente la decisión del gobierno de Estados Unidos de incrementar a 50 millones de dólares la recompensa por la captura del presidente Nicolás Maduro, calificando la medida como “una violación flagrante del derecho internacional”.
El organismo denunció que esta acción, anunciada por la fiscal general Pamela Bondi, se basa en “acusaciones infundadas que buscan desestabilizar al país” y constituye un atentado contra la soberanía venezolana y los principios de no intervención.
En un comunicado, la Defensoría advirtió que la medida “ignora los mecanismos democráticos que ratificaron a Maduro como mandatario” y viola la Carta de las Naciones Unidas. Además, señaló que iniciativas como esta “fomentan la tensión y ponen en riesgo la paz regional e internacional”.
La institución también recordó que esta recompensa se suma a otras “medidas coercitivas unilaterales”, como el bloqueo económico, la retención de aviones de Conviasa y la confiscación de fondos destinados a ayuda humanitaria, incluidos recursos para la atención médica de niños venezolanos, hechos documentados por relatores de la ONU.
Reafirmando su compromiso con la soberanía nacional y los derechos humanos, la Defensoría instó a la comunidad internacional a “rechazar cualquier acto de agresión que vulnere la autodeterminación del pueblo venezolano”.
