En un contexto de incertidumbre política y un cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la administración del presidente Donald Trump anunció que las redadas migratorias continuarán en todo el país. Tom Homan, director interino de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), afirmó que la falta de financiamiento no detendrá la implementación de las políticas migratorias del gobierno.
“Los oficiales de ICE no recibirán pago, pero están acostumbrándose a ello”, declaró Homan en una entrevista con CNN. “La misión migratoria, que fue una de las razones por las que Trump fue electo, sigue adelante. Tenemos registros de arrestos y deportaciones que continuarán”, añadió.
Este compromiso hacia las redadas migratorias se produce en un momento crítico, ya que el Senado no logró aprobar un proyecto de ley republicano para financiar el DHS, luego de que la mayoría de los demócratas rechazaran la medida por no establecer límites adecuados a las operaciones de ICE. Las políticas de redadas, que han dado lugar a protestas a nivel nacional, han generado controversia y preocupación, especialmente tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en un incidente relacionado en Mineápolis.
La paralización afectará principalmente a las agencias bajo el paraguas del DHS, incluyendo ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), entre otros. A pesar del cierre, se estima que más del 90% del personal del DHS permanecerá activo, lo que podría permitir que las operaciones migratorias continúen.
Este es el segundo cierre parcial del DHS en lo que va de febrero y se suma a un cierre gubernamental histórico de 43 días que tuvo lugar entre octubre y noviembre del año pasado. Con el Congreso en receso y la falta de un acuerdo de financiamiento visible, la administración se encuentra en una encrucijada que podría extender el cierre y complicar aún más el panorama migratorio.
A medida que se intensifican los debates sobre el financiamiento del DHS y las políticas migratorias, la administración Trump mantiene su firme postura en el cumplimiento de las medidas de inmigración, desafiando las críticas y llamadas a la acción por parte de los demócratas y defensores de los derechos humanos.
