Amnistía Internacional (AI) ha expresado su profunda preocupación ante la reciente propuesta de ley de amnistía presentada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que busca beneficiar a presos políticos detenidos desde 1999. En un comunicado emitido este martes, la organización enfatizó que esta iniciativa no debe convertirse en un mecanismo para encubrir delitos o eximir de responsabilidad a aquellos culpables de violaciones graves de derechos humanos.
AI subrayó que aún existe incertidumbre sobre si la ley de amnistía se aplicará también a agentes del Estado, lo que podría transformarla en un instrumento de impunidad. “No debe permitirse que esta ley se extienda a quienes han perpetrado violaciones de derechos humanos. Es esencial que la norma se limite a casos de detenciones políticas injustas”, afirmó la organización.
Delcy Rodríguez ha defendido la amnistía como un paso hacia “curar las heridas” de años de confrontación política bajo gobiernos chavistas. La propuesta abarca un periodo que se remonta a la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999. En el marco de esta iniciativa, la administración de Rodríguez ha liberado a cientos de personas detenidas por motivos políticos.
Sin embargo, AI alertó que la amnistía por sí sola es insuficiente, instando a la necesidad de reformas estructurales que eviten la repetición de abusos. Entre las acciones consideradas indispensables se encuentran la derogación de leyes represivas y la disolución de organismos estatales que han sido utilizados para detenciones arbitrarias y otras vulneraciones de derechos humanos.
La organización también recordó que, en ocasiones anteriores, las autoridades han liberado a detenidos como un gesto simbólico de buena voluntad solo para llevar a cabo nuevas oleadas de arrestos poco después. “Este patrón es alarmante y debe ser una llamada de atención para la comunidad internacional”, advirtió AI.
El decreto de Rodríguez también contempla la transformación de El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en un centro social y deportivo. Organizamos de derechos humanos han señalado a este lugar como uno de los más problemáticos, donde se han documentado casos de tortura y violaciones graves de derechos humanos. AI dio la bienvenida a estos anuncios, pero insistió en que el cierre de El Helicoide no garantiza el fin de los abusos.
Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, exigió la “liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente, sin excepción, así como un cese inmediato de las desapariciones forzadas y la tortura”. Asimismo, subrayó la importancia de garantizar los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.
Finalmente, Callamard advirtió que “medidas que no incluyan estos cambios perpetúan nuevos ciclos de violaciones, refuerzan la impunidad y niegan a las víctimas su derecho a la verdad, la justicia y la reparación”.
