Altos funcionarios informan al Congreso que la campaña antidrogas no autoriza incursiones terrestres, pero no descartan acciones futuras.
En una sesión informativa a puerta cerrada ante el Congreso, altos funcionarios de la Administración del presidente Donald Trump admitieron que no cuentan con una justificación legal que respalde un ataque militar directo contra Venezuela bajo el marco de la actual campaña antidrogas desplegada en el Caribe.
Durante la reunión, celebrada el miércoles, los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Defensa, Pete Hegseth, junto a representantes de los Departamentos de Estado, Defensa y Justicia, detallaron los alcances de la operación. Especificaron que la orden ejecutiva que activó la campaña en septiembre pasado no autoriza acciones militares sobre territorio venezolano o colombiano. Hasta la fecha, esta operación ha resultado en al menos 17 ataques contra embarcaciones sospechosas, con un saldo reportado de 66 personas fallecidas.
Sin embargo, los funcionarios no descartaron la posibilidad de futuras acciones militares dentro de Venezuela, apuntando a instalaciones y líderes de presuntos carteles de drogas. Fuentes citadas por la cadena CNN indicaron que la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia ha autorizado, en un documento interno, ataques contra 24 organizaciones criminales en Latinoamérica. No obstante, los legisladores demócratas presentes expresaron su insatisfacción, señalando que dicha opinión legal ni siquiera menciona específicamente a Venezuela.
El senador Mark Warner, principal demócrata del Comité de Inteligencia del Senado, consideró “insuficientes” las explicaciones sobre el fundamento jurídico. Esta preocupación legislativa se ha intensificado tras la confirmación del propio presidente Trump de haber autorizado a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a realizar operaciones encubiertas dentro de Venezuela.
La legalidad de estas acciones se ve cuestionada bajo la Resolución sobre Poderes de Guerra de 1973, que exige al presidente informar al Congreso en un plazo de 48 horas tras comprometer fuerzas en hostilidades y cesar las operaciones a los 60 días si no media una autorización congressional. Este plazo de 60 días expiró el pasado lunes 3 de noviembre.
Despliegue militar sin precedentes
El escenario se complejiza con el masivo despliegue naval estadounidense en aguas del Caribe. Desde agosto, Estados Unidos mantiene una flota que incluye al menos ocho buques de guerra, tres buques anfibios y un submarino. A esto se sumó, el 24 de octubre, el envío del portaaviones Gerald Ford y su grupo de ataque por orden del Pentágono. Expertos lo califican como el mayor despliegue marítimo en la región desde la Guerra del Golfo Pérsico de 1990-1991.
Rechazo regional y llamado a la paz
Los gobiernos de Venezuela, Colombia y Cuba han rechazado enérgicamente este despliegue militar, calificándolo como una política de fuerza e intimidación contra naciones que defienden su soberanía y mantienen posturas contrarias a los intereses de Washington. En reiteradas ocasiones, han alertado sobre la amenaza que esta presencia militar representa para la estabilidad regional y han subrayado la necesidad de preservar a América Latina y el Caribe como una “Zona de Paz”, principio proclamado en la II Cumbre de la CELAC en La Habana en 2014.
La situación mantiene en vilo a la región, a la espera de evoluciones en la política exterior estadounidense y de una clarificación definitiva sobre los límites legales y operativos de la campaña emprendida por la Administración Trump.
