El Gobierno de Venezuela denunció este sábado la interceptación y retención de un segundo buque privado que transportaba petróleo venezolano en aguas internacionales, calificando el hecho como un acto de “piratería” y “robo” ejecutado por efectivos militares de Estados Unidos.
En un comunicado oficial, el Ejecutivo nacional rechazó de manera categórica esta acción, a la que tildó de ilegal y hostil, subrayando que constituye una “grave violación de la libertad de navegación y del principio de soberanía de los Estados”. La denuncia se produce días después de un incidente similar con otro tanquero, lo que, según Caracas, evidencia una escalada en la política de asedio contra el país.
El gobierno venezolano expresó además su preocupación por la “desaparición forzada de la tripulación”, un hecho que agrava la situación desde el punto de vista humanitario y jurídico. Afirmó que estas acciones se enmarcan dentro de delitos previstos en convenios internacionales sobre seguridad marítima y libre circulación en alta mar.
Como respuesta, el Gobierno Bolivariano anunció que activará “todas las acciones legales y diplomáticas correspondientes”. Esto incluye una denuncia formal ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y otros organismos multilaterales, con el objetivo de que los responsables “respondan ante la justicia”.
El comunicado oficial concluyó con una firme advertencia: “Estos hechos no quedarán impunes”. Venezuela reafirmó su compromiso con la defensa de su soberanía y el derecho internacional, asegurando que continuará con su desarrollo económico y energético “pese a las presiones externas”. Hasta el momento, no ha habido una respuesta oficial por parte del gobierno de Estados Unidos a estas acusaciones.
