El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado en una conferencia de prensa desde su residencia en Mar-a-Lago que su país mantendrá el control administrativo de Venezuela hasta garantizar una transición “segura” y “adecuada”, tras la operación militar que resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores.
Trump detalló que la intervención, descrita como “una de las exhibiciones más impresionantes, efectivas y poderosas del poder militar estadounidense”, se ejecutó con “un abrumador poder por aire, tierra y mar”, sin bajas entre las tropas estadounidenses. Aunque advirtió que las fuerzas armadas están preparadas para un “segundo ataque mucho mayor”, aseguró que probablemente no será necesario debido al éxito de la primera operación.
El mandatario estadounidense justificó la acción citando la responsabilidad de Maduro en el ingreso de “cantidades colosales de drogas ilegales” a Estados Unidos y en el robo de crudo venezolano, mencionando también la llamada “Doctrina Monroe” como un precedente histórico superado ahora por lo que denominó la “Doctrina Donroe”.
En términos económicos, Trump prometió que “grandes empresas petroleras estadounidenses” invertirán “miles de millones de dólares” para reparar la deteriorada infraestructura petrolera venezolana y generar ingresos para el país, asegurando que el mayor beneficiario “serán las personas de Venezuela”. Agregó que la administración temporal estará a cargo de un equipo designado por su gobierno, que incluirá personal militar y civil, para evitar que “líderes inadecuados” tomen el control.
Trump también se refirió a figuras regionales, enviando un mensaje directo al presidente colombiano, Gustavo Petro, advirtiéndole que “debe cuidar su seguridad” debido a la producción de cocaína en su país, y afirmó que la vicepresidenta venezolana está dispuesta a colaborar con los planes estadounidenses.
La declaración de Trump contrasta con las condenas internacionales emitidas por Rusia, México, Bolivia, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y organizaciones jurídicas, que han calificado la intervención como una violación al derecho internacional y exigen la restitución inmediata de Maduro y Flores.
