El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció mediante sus redes sociales una decisión de Estado de gran alcance: ha ordenado a la Agencia Jurídica del Estado la conformación de una comisión de abogados colombianos para investigar asesinatos de civiles en el Mar Caribe, presuntamente cometidos por fuerzas militares de los Estados Unidos.
La medida surge tras las denuncias de ataques letales contra embarcaciones en el Caribe, realizados bajo el pretexto del combate al narcotráfico. Uno de los casos emblemáticos es el de Alejandro Carranza, un pescador de Santa Marta, quien perdió la vida en uno de estos operativos. El presidente Petro informó que el abogado estadounidense Dan Kovalik, asesor legal de su gobierno, ha asumido la defensa jurídica de la familia Carranza, calificando el hecho como un “asesinato estadounidense”.
En sus declaraciones, el mandatario vinculó estos hechos con la política militar del exsecretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, durante la administración de Donald Trump, señalando que las órdenes directas emanadas de esa política habrían resultado en crímenes contra civiles caribeños. Petro fue más allá al afirmar que las acciones en el Caribe y el Pacífico constituyen “un asesinato sistemático, que es un delito de lesa humanidad”, haciendo referencia a más de 20 ataques anunciados por la Casa Blanca desde agosto de 2025, los cuales habrían causado más de 80 muertes.
“La prioridad de la Agencia Jurídica del Estado debe ser la defensa de las víctimas de la violencia”, declaró Petro, subrayando que esta comisión no solo buscará esclarecer el asesinato de Carranza, sino también establecer responsabilidades por otros crímenes contra civiles en la región.
El contexto internacional de esta iniciativa se amplía con la revelación de que abogados de los dos principales partidos en Estados Unidos están examinando la política militar de Hegseth para determinar responsabilidades. Desde Colombia, el llamado del presidente es también a la unidad regional: “Creo que así sea desplazándose en canoa como antaño, los pueblos del Caribe deben reunirse por zonas en asamblea para unirse y actuar”.
Este paso representa un firme posicionamiento del gobierno colombiano en defensa de la soberanía nacional y los derechos humanos, buscando sentar un precedente legal para investigar y perseguir violaciones cometidas en su jurisdicción marítima, y enviando un mensaje contundente contra la impunidad en las aguas del Caribe.
