El Departamento de Defensa aceptó $130 millones de un aliado de Trump, generando cuestionamientos sobre su legalidad y posibles conflictos de interés. Demócratas exigen transparencia y advierten sobre riesgos de que fuerzas armadas puedan ser “financiadas por intereses privados”.
Una donación de $130 millones realizada por un aliado del expresidente Donald Trump al Pentágono para financiar salarios de militares durante el cierre del gobierno ha desatado una agria polémica sobre su legalidad y ética, con legisladores demócratas exigiendo explicaciones sobre el origen y condiciones del dinero.
La controversial contribución fue anunciada el jueves por el propio Trump, quien se refirió al donante como “un amigo mío” y “un patriota”. Fuentes citadas por The New York Times identificaron posteriormente al colaborador como Timothy Mellon, un multimillonario que ha aportado decenas de millones de dólares a las campañas de Trump y que también ha financiado grupos antivacunas.
Cuestionamientos a la legalidad
El Pentágono confirmó la recepción del dinero, señalando que actuó “bajo su autoridad general de aceptación de obsequios”. Sean Parnell, portavoz del Departamento de Defensa, explicó que “la donación se realizó con la condición de que se utilizara para cubrir el costo de los salarios y beneficios de los militares”.
Sin embargo, expertos legales y legisladores demócratas han expresado serias reservas. El senador Dick Durbin, el demócrata de mayor rango en el subcomité de asignaciones de Defensa, ha solicitado información sobre cómo esta donación cumple con la Ley Antideficiencia, que prohíbe a las agencias federales gastar fondos por encima de lo asignado por el Congreso.
“Usar donaciones anónimas para financiar a nuestras Fuerzas Armadas plantea inquietantes preguntas sobre si nuestros propios militares corren el riesgo de ser literalmente comprados y pagados por potencias extranjeras”, advirtió el senador Chris Coons.
Preocupaciones éticas y transparencia
Max Stier, presidente de Partnership for Public Service, una organización no partidista, calificó la situación como “una locura” y cuestionó su legalidad, exigiendo mayor transparencia.
La política interna del Pentágono establece que las autoridades “deben consultar con su funcionario de ética correspondiente antes de aceptar un regalo de más de 10,000 dólares” para evaluar posibles conflictos de interés.
La polémica se produce en medio de un cierre del gobierno federal que ya cumple casi cuatro semanas y que ha dejado a cientos de miles de empleados federales sin recibir sus salarios, aunque el personal militar ha sido priorizado mediante una orden ejecutiva que actualmente está siendo impugnada en los tribunales.
La donación, aunque significativa, representa solo una fracción mínima de la nómina militar total, pero establece un precedente que preocupa a expertos en gobernanza y ética gubernamental.
Fuente: UNV
