Mientras la Corte Suprema se prepara para escuchar este miércoles los argumentos sobre la legalidad de los aranceles comerciales impuestos por el expresidente Donald Trump, analistas y funcionarios gubernamentales coinciden en que estas medidas impositivas probablemente perdurarán independientemente del fallo del tribunal, gracias a la existencia de múltiples herramientas legales alternativas.
El caso judicial se centra en si Trump utilizó correctamente la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer aranceles de dos dígitos a numerosos socios comerciales. Una decisión en su contra representaría un revés significativo para su política comercial, pero no marcaría el fin de su estrategia arancelaria.
Múltiples alternativas legales disponibles
Expertos en comercio internacional identifican al menos cuatro mecanismos legales que la administración podría emplear para mantener los aranceles:
1. Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974: Permite imponer un arancel global del 15% durante 150 días para abordar déficits comerciales “grandes y graves”.
2. Sección 301: Faculta al presidente para imponer aranceles en respuesta a prácticas comerciales desleales, una herramienta ya utilizada extensivamente contra China.
3. Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962: Permite aranceles por motivos de seguridad nacional, aplicados previamente a importaciones de acero, aluminio y otros productos.
4. Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930: Autoriza aranceles de hasta 50% contra países que discriminen comercialmente a Estados Unidos.
Karoline Leavitt, portavoz de la administración Trump, confirmó que la Casa Blanca “siempre se está preparando para el plan B”, aunque expresó confianza en que la Corte Suprema “hará lo correcto” en el caso actual.
Sistema potencialmente más rígido pero igual de efectivo
Ryan Majerus, exfuncionario del Departamento de Comercio y actual socio de King & Spalding, explicó que mientras la IEEPA ofrece “mucha flexibilidad para ajustar los aranceles”, las alternativas legales disponibles podrían crear “un sistema de aranceles que, si bien podría ser menos flexible, tendría consecuencias igualmente importantes”.
Majerus añadió que “encontrarán la manera de mantener los aranceles, aunque ello requiera más trámites”, señalando que algunas de estas alternativas han sido ya validadas en cortes anteriores.
El Congreso: el gran ausente en el debate
Notablemente ausente en las discusiones sobre alternativas está la vía tradicional de la política comercial a través del Congreso, que constitucionalmente tiene la autoridad sobre impuestos y aranceles.
Aaron Lehman, presidente de la Unión de Agricultores de Iowa, expresó su esperanza de que el caso ante la Corte Suprema “destaque la necesidad de que el Congreso ejerza un control independiente sobre el presidente” para volver a “un enfoque comercial más pragmático”.
La audiencia de este miércoles en la Corte Suprema, por lo tanto, representa no solo un examen a la legalidad de las acciones pasadas de Trump, sino también una prueba crucial para el equilibrio de poderes en la política comercial estadounidense, independientemente del veredicto final.
