Mariana González, hija del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, denunció públicamente este lunes haber sido víctima de intentos de «extorsión» por parte de personas que, según ella, buscaban forzar a su padre a abandonar su actividad política. El supuesto precio por cesar esta presión sería la liberación de su esposo, Rafael Tudares, detenido desde enero de 2025.
En un comunicado difundido a través de su cuenta en X, González declaró: «Denuncio que fui víctima de tres episodios de extorsión, provenientes tanto de personas vinculadas a autoridades de este país, como de personas relacionadas con la Iglesia y de individuos que afirmaban representar organismos importantes». Aseguró que en estos encuentros se le advirtió que debía «obligar» a su padre a «renunciar a su lucha y causa».
La hija del opositor, candidato presidencial en los últimos comicios, indicó que estos intentos de presión se «llevaron a cabo en sedes diplomáticas (embajadas), en espacios donde opera el Arzobispado, y en oficinas de organizaciones que públicamente afirman defender los derechos humanos», y afirmó que contó con testigos en las tres ocasiones.
El caso de Rafael Tudares: «Un proceso sin pruebas»
El centro de la denuncia es la situación de su esposo, el abogado Rafael Tudares Bracho, detenido el 7 de enero de 2025 –tres días antes de la investidura de Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo– y condenado a 30 años de prisión. González calificó su arresto y condena como una «arbitraria privación de libertad» y un «clandestino proceso penal».
«El expediente judicial en contra de mi esposo carece totalmente de sustento probatorio», afirmó. «Ser el yerno de Edmundo González Urrutia no es un delito. Nada de esto que he sufrido es justicia. Todo esto es arbitrariedad». Sostuvo que su esposo, quien pudo revisar su propio expediente, constató que «no había pruebas en su contra», ni testigos ni evidencias.
Mariana González argumentó que la condena «constituye una violación absoluta al debido proceso, a la presunción de inocencia y al derecho a la defensa» y configura un «patrón de coacción y persecución indirecta contra una familia civil», utilizando el sistema judicial como «mecanismo de presión política».
Contexto político de la denuncia
Edmundo González Urrutia, quien reclama desde España la Presidencia de Venezuela al considerarse ganador de las elecciones de 2024, se exilió en septiembre del año pasado. Su hila vinculó directamente la detención de Tudares con este conflicto político.
La denuncia se produce en un momento de alta tensión política y de recientes cambios en el gabinete del gobierno de Nicolás Maduro, encabezado actualmente por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. El caso de Tudares se suma al de otros opositores detenidos en enero, como el defensor de derechos humanos Carlos Correa y el excandidato presidencial Enrique Márquez, quienes ya han sido excarcelados.
Hasta el momento, las autoridades venezolanas no se han pronunciado sobre estas acusaciones específicas de extorsión y persecución familiar.
