Un nuevo informe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, liderado por senadores demócratas, ha sacado a la luz el exorbitante gasto del gobierno de EE. UU. en deportaciones a terceros países, revelando que se han destinado $40 millones en el último año para enviar a 300 inmigrantes a naciones que no son las suyas.
De acuerdo al informe, de los inmigrantes deportados, 250 eran venezolanos que fueron enviados a El Salvador en marzo de 2025. El resto, un total de 51 inmigrantes de nacionalidades no especificadas, fueron deportados a otros cuatro países, principalmente a Guinea Ecuatorial y Eswatini.
La senadora Jeanne Shaheen, quien encargó el informe, expresó su preocupación de que el gobierno de Trump esté utilizando el dinero de los contribuyentes para financiar a gobiernos extranjeros, mientras ignora los costos humanos y riesgos para las relaciones diplomáticas. “Estamos pagando para deshacernos de personas a quienes podríamos haber deportado a sus países de origen de manera más eficiente y menos costosa”, afirmó Shaheen.
La investigación, que abarcó un período de 10 meses, documenta cómo estas deportaciones, que anteriormente se realizaban de forma “excepcional”, han sido sistematizadas bajo la administración actual. Se destaca que más del 80% de los deportados han regresado o están en proceso de regresar a sus países de origen, lo que pone en cuestión la efectividad y la lógica detrás de tales medidas.
El informe también critica que el gobierno estadounidense ha entregado más de $32 millones directamente a cinco países para facilitar estas deportaciones, subrayando los riesgos de financiar “a gobiernos corruptos sin supervisión” y la falta de transparencia en los acuerdos internacionales.
Los senadores demócratas advierten que la nueva estrategia del gobierno podría resultar en la eliminación del estatus legal para miles de inmigrantes en EE. UU., lo que elevaría el riesgo de deportaciones a terceros países. El informe concluye que estas operaciones son no solo costosas e ineficientes, sino también un despilfarro innecesario que evaden el correcto marco del derecho migratorio estadounidense.
