Los líderes opositores venezolanos Edmundo González Urrutia y María Corina Machado solicitaron formalmente este viernes a la administración del presidente Donald Trump y al Congreso de Estados Unidos que reconsideren la decisión de revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS), que hasta ahora beneficiaba a cientos de miles de venezolanos.
A través de un comunicado conjunto publicado en la red social X, los dirigentes expresaron su profunda preocupación por el impacto que tendrá esta medida, la cual deja en riesgo inmediato de deportación a aproximadamente 600.000 connacionales.
“Nuestro corazón está con cada uno de ellos en esta situación crítica. Trabajamos día y noche para alcanzar de las autoridades estadounidenses una revisión del caso y lograr la emisión de un estatus que los proteja. Lo hemos solicitado a la administración y al Congreso estadounidense a través de distintas gestiones permanentes”, señalaron González Urrutia y Machado.
La decisión, que entró en efecto a la medianoche de este viernes 7 de noviembre de 2025, marca el mayor número de personas que pierden este beneficio migratorio en la historia del programa. La revocación se produce después de que la Corte Suprema de Estados Unidos avalara en octubre la acción emprendida por el gobierno de Trump contra el TPS, originalmente concedido por el entonces presidente Joe Biden en 2021 y ampliado en 2023.
Los opositores enfatizaron que la solución de fondo para la diáspora venezolana reside en un cambio político en su país de origen. “Ser venezolano no puede ser nunca más sinónimo de refugiado. Por eso, la mayor protección para cada venezolano, dentro y fuera de Venezuela, es recuperar la libertad de su patria, el valor de su pasaporte y contar con un gobierno democrático que los defienda”, agregaron en el texto.
Finalmente, ratificaron su compromiso con la lucha por la libertad de Venezuela y aseguraron que no descansarán “hasta lograr que el país sea nuevamente el hogar de todos y el lugar del reencuentro para millones de familias separadas por un régimen criminal”.
