El expresidente de Bolivia, Evo Morales, ha acusado al actual Gobierno bajo la dirección de Rodrigo Paz de intentar vincularlo con el presunto narcotraficante Sebastián Marset, quien fue arrestado el pasado viernes por la Policía y ya se encuentra en proceso de extradición a Estados Unidos. En un mensaje publicado en la plataforma X, Morales denuncia que se están “montando falsos casos” para desviar la atención de los verdaderos responsables en este caso.
Morales, que ocupó la presidencia de Bolivia de 2006 a 2019, argumentó que Marset había operado en el país de forma “libre e impunemente” durante las gestiones de los presidentes Luis Arce y Rodrigo Paz. El exmandatario cuestionó cómo es posible que las autoridades no estuvieran al tanto de las actividades del narcotraficante, quien supuestamente había desarrollado una intensa vida social en Santa Cruz, un área donde viven numerosas personalidades y funcionarios públicos.
“¿Las autoridades no veían nada de Marset? ¿No escuchaban nada de él? ¿Por qué negaron que Marset estaba en Santa Cruz cuando el Gobierno de Paraguay lo denunció varias veces?”, interpeló Morales en su declaración, sugiriendo que la captura de Marset podría ser utilizada como un mecanismo para encubrir a quienes realmente protegen al narcotraficante.
La captura de Sebastián Marset fue parte de un operativo policial realizado en un barrio de Santa Cruz, que resultó en la detención de varios miembros de su equipo de seguridad y en la confiscación de bienes, incluyendo propiedades y vehículos, valorados en aproximadamente 15 millones de dólares. Marset ha estado en el ojo del huracán debido a su acusación de liderar una red internacional de tráfico de drogas y por ser buscado no solo en Bolivia, sino también en Uruguay y Brasil, así como por la DEA, Europol e Interpol.
Desde que se dio a conocer su vida en Santa Cruz, donde incluso llegó a fundar un equipo de fútbol de segunda división llamado Los Leones del Torno, la atención sobre Marset se intensificó. Ingresó a Bolivia en 2018 con documentos de identidad falsificados, poniendo en jaque a las instituciones del país.
La situación plantea no solo un desafío para el Gobierno de Bolivia, sino también una serie de preguntas sobre la capacidad del Estado para combatir el narcotráfico y la corrupción que lo engendra. Mientras Morales continúa defendiendo su inocencia y criticando al actual gobierno, el caso de Marset se convierte en un tema candente en el discurso político y en la agenda de seguridad del país.
