La medida, que entra en vigor el 21 de enero, afecta a 25 nuevos países y exige depósitos que no garantizan la aprobación del visado. El Departamento de Estado no justifica la decisión, en medio de tensiones tras la captura de Nicolás Maduro.
El gobierno de Estados Unidos amplió significativamente la lista de países cuyos ciudadanos deberán pagar una fianza —de entre $5,000 y $15,000 dólares— para solicitar visados de turismo o negocios, incluyendo por primera vez a Venezuela y Cuba, según un anuncio realizado esta semana por el Departamento de Estado.
La medida, que entrará en vigor el próximo 21 de enero, añade 25 naciones —en su mayoría africanas— a un listado previo de 13, totalizando 38 países afectados. Entre los nuevos figuran Argelia, Angola, Nepal, Senegal, Zimbabue y Uganda, además de Venezuela y Cuba.
De acuerdo con las disposiciones, cualquier persona con pasaporte de uno de estos países que sea elegible para un visado tipo B1 (negocios) o B2 (turismo, asuntos personales o médicos) deberá depositar la fianza durante su entrevista consular. El Departamento de Estado advirtió que este pago no garantiza la emisión del visado y que, si se realiza sin indicación expresa de un oficial, no será reembolsado.
Como condición adicional, los viajeros que paguen la fianza deberán ingresar y salir de Estados Unidos exclusivamente por los aeropuertos Washington Dulles, John F. Kennedy de Nueva York o Logan de Boston. El incumplimiento podría resultar en la denegación de entrada o en problemas de registro migratorio.
La inclusión de Venezuela y Cuba se produce en un contexto de elevada tensión bilateral, pocas semanas después de la operación militar estadounidense que resultó en la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro —actualmente detenido en Nueva York— y en medio de declaraciones del presidente Donald Trump señalando que Cuba “siempre ha sobrevivido gracias a Venezuela”. Sin embargo, el Departamento de Estado no ha proporcionado una justificación oficial para la inclusión de ningún país en la lista.
Organizaciones de derechos migrantes y analistas políticos han criticado la medida, calificándola como una barrera económica adicional que limitará la movilidad de ciudadanos de países ya afectados por restricciones migratorias y crisis económicas.
