Legisladores demócratas de la Cámara de Representantes abandonaron una sesión informativa del Comité de Servicios Armados en protesta por la ausencia de asesores legales que pudieran fundamentar jurídicamente los ataques militares ordenados por el presidente Donald Trump contra presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico.
La reunión, que contó con funcionarios del Pentágono y del Estado Mayor Conjunto pero careció de representantes legales, dejó insatisfechos a los congresistas que exigen explicaciones sobre la legalidad de operaciones que han causado al menos 57 muertes. “No hubo abogados y fue insatisfactorio”, declaró el representante Gil Cisneros (California), mientras su colega Jason Crow (Colorado) afirmó: “Me voy sin entender cómo y por qué llegan a la conclusión de que el uso de la fuerza legal es adecuado”.
La administración Trump ha defendido estas acciones como parte de su campaña contra “narcoterroristas”, invocando la autoridad constitucional del presidente, pero no ha presentado evidencia concreta sobre la identidad de los objetivos ni ha emitido una opinión legal formal. La representante Sara Jacobs (California) reveló que los abogados fueron retirados de la reunión a última hora.
La Casa Blanca respondió con dureza a través de la subsecretaria de prensa Anna Kelly, quien acusó a los demócratas de “difundir afirmaciones falsas” y priorizar “encubrir a narcotraficantes extranjeros” sobre el pago a trabajadores federales, en referencia al cierre del gobierno.
La polémica se intensifica mientras el Ejército estadounidense reporta un nuevo ataque en el Pacífico oriental donde murieron cuatro personas, aumentando las preocupaciones en el Congreso sobre posibles ejecuciones extrajudiciales bajo el pretexto del combate al narcotráfico.
