La dirigente opositora Delsa Solórzano ha expresado su preocupación sobre el proyecto de ley de amnistía que fue sancionado en primera discusión el jueves en la Asamblea Nacional. A través de un comunicado, Solórzano calificó la propuesta como “sumamente incompleta y potencialmente peligrosa”, destacando que presenta vacíos significativos que podrían comprometer los objetivos de justicia y reconciliación en el país.
La propuesta, que consta de 13 artículos, limita su alcance a diez momentos específicos relacionados con hechos de violencia política, como el golpe de Estado de 2002, el paro cívico y petrolero de 2002–2003, y los eventos de las manifestaciones de 2017, entre otros. Sin embargo, Solórzano argumenta que este enfoque excluye a ciertos grupos y no deroga importantes instrumentos de represión, como la Ley Simón Bolívar y la Ley Contra el Odio, que han sido utilizados para la persecución política.
“A quienes han sido condenados bajo estas leyes vigentes, así como a aquellos sujetos a causas de jurisdicción militar, se les deja fuera de este marco de amnistía, lo que limita su efectividad”, resaltó Solórzano. “La falta de derogación de estas leyes permite la posibilidad de nuevas detenciones, incluso tras la aplicación de la amnistía”.
La opositora también hizo hincapié en que el proyecto no garantiza el retorno seguro de los exiliados ni aborda las inhabilitaciones políticas, además de carecer de mecanismos de reparación integral para las víctimas. El acceso a la amnistía, según el texto, no será automático, sino que dependerá de una solicitud formal y de verificación judicial, lo que genera preocupación sobre la discrecionalidad en manos del mismo sistema responsable de la persecución.
“Este proyecto resulta insuficiente para avanzar hacia una solución integral que garantice justicia, reconciliación y la plena restitución del Estado de derecho. Exigimos la liberación inmediata de todos los presos políticos, así como el restablecimiento del orden constitucional como una de las condiciones fundamentales para cualquier proceso serio de justicia y transición democrática”, concluyó Delsa Solórzano.
