La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, manifestó este jueves su respaldo a las designaciones de los nuevos titulares de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo, realizadas por la Asamblea Nacional en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, al tiempo que agradeció al Parlamento la aprobación unánime de la Ley Orgánica de Minas.
Saludo a nuevas autoridades del sistema de justicia
“Saludo la designación de Larry Devoe como Fiscal General de la República, y de Eglée González Lobato como Defensora del Pueblo; en ejercicio de las atribuciones consagradas en nuestra Constitución”, expresó la mandataria encargada a través de sus redes sociales.
Rodríguez confió en que ambas responsabilidades serán asumidas “con compromiso, alto profesionalismo y en defensa del interés de nuestra República”. Las designaciones, realizadas este jueves por el Parlamento, completan un proceso de renovación en dos cargos clave del sistema de justicia venezolano: el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.
Ley Orgánica de Minas: “instrumento fundamental”
Por otro lado, la jefa de Estado encargada calificó la Ley Orgánica de Minas, sancionada por unanimidad por la Asamblea Nacional, como un “instrumento fundamental” para el Estado venezolano.
“Agradezco a la plenipotenciaria Asamblea Nacional la aprobación unánime de la Ley Orgánica de Minas, instrumento fundamental para modernizar, regular y potenciar la minería en nuestro país”, dijo Rodríguez.
La presidenta encargada refirió que esta ley “fortalece la seguridad jurídica, atrae nuevas inversiones e impulsará la riqueza mineral en aras del desarrollo nacional”. Con esta norma, el Ejecutivo nacional espera dinamizar el sector minero, generar divisas y canalizar recursos hacia el bienestar del Poder Popular.
Doble respaldo a las decisiones del Parlamento
Con estos pronunciamientos, Delcy Rodríguez refuerza la sintonía entre el Ejecutivo nacional y el Legislativo, respaldando tanto las decisiones en materia de designación de altas autoridades del sistema de justicia como las iniciativas legislativas orientadas a la modernización del marco legal sectorial, en línea con su plan de recuperación económica y transformación del Estado.
