En un movimiento legal significativo, los abogados del presidente venezolano Nicolás Maduro han presentado una moción ante el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York para desestimar todos los cargos en su contra, argumentando violaciones a la Sexta Enmienda constitucional y a su derecho al debido proceso. Este recurso fue presentado por el abogado Barry J. Pollack, bajo el expediente S4 11-CR-205 (AKH), y busca proteger el derecho de Maduro a contar con una defensa apropiada financiada por el Estado venezolano.
La defensa sostiene que la negativa de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de permitir que Venezuela financie la defensa de su presidente constituye una intervención política que transgrede las garantías legales existentes en Estados Unidos. Según los documentos legales presentados, el 7 de enero se pidieron las licencias necesarias para recibir fondos, las cuales fueron otorgadas el 9 de enero. Sin embargo, menos de tres horas después, la OFAC modificó la licencia de Maduro, prohibiendo el financiamiento, mientras que la licencia de su esposa, Cilia Flores, permaneció inalterada.
Este proceder, según los abogados de Maduro, contradice prácticas históricas de la OFAC, con expertos legales afirmando que nunca antes se había denegado una solicitud similar. La legislación venezolana también respalda la necesidad de que el Estado cubra los gastos legales del presidente, quien, según su propia declaración jurada, carece de recursos personales para su defensa.
Refiriéndose a la jurisprudencia federal, la defensa menciona el fallo del Segundo Circuito en el caso United States v. Stein (2008), que establece que el gobierno no puede interferir en el pago de honorarios legales a terceros sin violar el derecho constitucional de un acusado. Este argumento subraya que la expectativa de Maduro de recibir financiamiento para su defensa es un derecho de propiedad legalmente protegido.
Adicionalmente, el 23 de enero, los abogados solicitaron permiso para financiar un viaje a Venezuela con fines investigativos, indispensable dada la complejidad del caso, que abarca hechos ocurridos durante los últimos 25 años y mayormente fuera de los Estados Unidos. Sin embargo, la OFAC no respondió a esta petición.
Los abogados de Maduro esperan que el tribunal considere estos desarrollos y revierta el bloqueo que consideran ilegal, reafirmando así el derecho a una defensa adecuada y justa bajo la ley estadounidense.
